La ficción del amparo. S.Maraselva
Cuanto mayor es el volumen de noticias auténticas de la realidad que llega a la gente, mayor es la convicción de la falta de amparo en la que se vive. Expedientes judiciales que se demoran por lustros o decenas de años, cuerpos policiales que están descoordinados entre sí, delincuentes que reinciden en sus perfiles agresivos,... y sus resultados graves: amenazas que se convierten en hechos, denuncias que son archivadas y la vida en peligro en una sociedad salida de madre. En medio de todo persiste la credulidad de que el estado protege a los ciudadanos. La supuesta seguridad que proporciona las fuerzas del orden es una ficción. Preferimos seguir con la ilusión de este amparo a llorar ante la incerteza ciudadana. Cuando alguien nos cuenta su vía crucis personal tendemos a creer que se trata de un tipo gafe y que lo que le ha sucedido es algo insólito que no va a sucedernos a nosotros. Cuando alguien es robado, estafado, agredido, atacado, burlado sea por cacos malos de los de siempre o por gente de alto copete con artimañas dentro de lo legal para hacerlo, tendemos a creer que se ha dejado engañar, que es un estúpido o que es algo que no nos va a suceder. Estamos equivocados. La perspectiva nos engaña. Preferimos vivir con la idea de que todo aquello que sale por la tele y que ha elegido a víctimas a otros a nosotros nunca nos va a pasar como si las víctimas de cada día fueran pobres ingenuos que se hubieran pasado toda la vida trabajando y preparándose para su infortunio final fuera del tipo que fuera. Es cuestión de cambiar el chip. No hay nadie, tenga la edad que tenga, pertenezca al grupo social y profesional que sea, viva donde viva que esté a salvo. Todos y todas tenemos una cuota de riesgo equis con la que mantenemos una relación de probabilidad de tener experiencias traumáticas en el mundo en el que estamos. Claro que para vivir hemos de actuar con confianza y optimismo para no caer en el mal agüero. El problema de poder tropezar con un problema: un atracador, un homicida, un difamador, un violador o un vecino que nos destruye por negligencia el techo, es que los supuestos recursos de amparo: las instituciones de control, desde el guardia urbano más ignorante al magistrado más afamado, son sólo una ficción. Sea cual sea el nivel al que acudamos nos encontramos con opiniones. No hay investigación. El Estado en su conjunto se está convirtiendo en una macroempresa de estadística y de escasa funcionalidad práctica. Es a cada ciudadano que tiene un problema porque ha sido denunciado en falso o porque ha sido robado o amenazado a quien le toca ir detrás de los polis para recordarles sus funciones. Desgraciadamente toda la filmografía que está en el sustento de nuestra cultura en la que aparecían las escenas de jugosos diálogos entre ciudadanos y policías ha servido para muy poco para tomar muestra y hacer otro tanto. Las visitas a las comisarías son puramente testimoniales y documentalistas. A menudo se acude para tener justificantes con los que conseguir indemnizaciones de las casas aseguradoras. Por su parte los polis hacen de recaderos de citaciones y de fuerzas coactivas para detener a tal o cual (no confundir con fuerzas de orden público, éste es un concepto que ha quedado como un fetiche pero que no tiene nada que ver con la función real) Basta que alguien se inaugure en la condición de víctima para que entre en un laberinto del que no va a salir bien parado. Hay muchas clases de victimidad o maneras de ser objeto de criminalidad. Lo mejor, desde luego, es no ponerse en la tesitura de serlo ni una sola vez. Pero si uno lo es, es remotamente imposible que pueda ser reparado en el agravio producido, por mucho que la población carcelaria no pare de crecer. Una cosa es que la represión vaya en aumento y las instalaciones carcelarias aumenten en número de edificios y en número de plazas y otra muy distinta es que eso devuelva la calma a la sociedad y lo que han perdido las víctimas. Pero una víctima lo es por partida doble. Lo es en una primera instancia por lesiones directas producidas por alguien que la ha atacado y lo es en una segunda instancia cuando los organismos a los que acude para que la protejan o investiguen el caso pasan del tema por protocolo. No puede ser que uno acuda a juzgados pidiendo la protección y un año después se entere de que han archivado su tema porque no fue localizado por ejemplo o ni siquiera por esta razón. No puede ser que uno vuelva a casa después del trabajo y se encuentre que la policía le da dos días para desalojarla porque su esposa se ha inventado malos tratos no demostrados y la aplicación de la ley de género permite hoy en día primero imponer el castigo y después demostrar la culpa; no puede ser que las administraciones locales y centrales sigan pagando ingentes cantidades de sueldos para policías que no dan ni golpe y en inversiones de equipamiento que les hace creer superhéroes sin hacer investigación criminal; no puede ser que los mensajes de estado por la vía de sus distintas administraciones apunten a culpabilizar a los comportamientos erróneos de la gente y no admita ni analice su parte de culpabilidad y causalidad en los mismos.
Vivimos en la ficción del amparo hasta el momento en que las circunstancias biográficas desfavorables nos ponen a merced de personas negligentes en sus funciones o que bien no siéndolo son payasos que saben ajustarse a sus roles concretos por los que son contratados y pagados sin ninguna intención de cambiar los problemas desde el fondo que los producen continuamente. Si la sociedad civil contara con los datos reales de temas resueltos por las instituciones judiciales y cuerpos policiales se alarmaría y con toda la razón. Una parte considerable de delincuentes enviados a cumplir condenas son por sus autoinculpaciones y por sus propias necesidades psíquicas, dadas sus personalidades desquiciadas, en cumplir condenas. Las cárceles son hogares de relación de unos subsectores sociales y lugares de entrenamiento en otros códigos de supervivencia.
Si desde la sociedad civil supiéramos que estamos en manos de incautos y de irresponsables en los puestos de control y de poder nos sentiríamos todavía más inseguros. Este principio de inseguridad se da en todas las ciudades del orbe con modelos sociales distintos. Quien más lo sabe es el policía de puertas, o de turno cuya función sabe que está reducido a tomar notas de lo que se le dice. La figura del policía es la del que obedece ordenes no la de quien piensa, e investiga y resuelve situaciones. Llega tarde, cuando el mal está hecho. La naturaleza de los hechos es espantosa. Es ella la que nos somete al principio de realidad una y otra vez y la realidad es la del desamparo. Ya
Ambrosio, canonizado como santo, sostuvo que la naturaleza es la mejor maestra de la verdad. En la indefensión permanente solo queda contar con un futuro no tan probable en que la confianza de la gente con la gente vuelva a ocupar un lugar considerado y considerable. Mientras tanto cada uno de nosotros tiene una historia que contar: la de las biografías ninguneadas, débiles cuando no ultrajadas.; contarla tal vez birlándole la idea del título a Félix de Azúa con su historia de un idiota contada por él mismo. Mientras no haya una intencionalidad organizada para resolver cosas este mundo seguirá viendo como se incrementan alarmantemente toda clase de problemas. Brentano, propuso la intencionalidad como una categoría representacional de un acaecimiento mental . Mientras no haya un espacio predecidido en las facultades volitivas para organizar y reorganizar el mundo en el que estamos, éste sólo será la proyección a gran escala de las mezquindades y miedos que a pequeña escala se dan dentro de cada ser acomodaticio y falto de personalidad crítica. Hay una crisis de función aunque haya una asignación de roles. Es eso lo que explica tanto intradesajuste social, tanto crecimiento de la desidia y la negligencia, tanto desfavor y falta de solidaridad. En definitiva, tanta incomprensión y baja intelectualidad. Bernard Waldenfels (1994) defiende la teoría sobre la responsividad como pedagogía de la responsabilidad. Mientras no haya reintroducción y rehegemonización de nuevos valores la humanidad en su conjunto está atrapada por las antiguas mentiras y sin una perspectiva social sólida de cambio y de seguridad en el futuro.
La falta de amparo real nos lleva al reconocimiento de su ficción diseñada por definiciones estatuarias y normativas. Podemos vivir creyendo que somos hijos de una tecnocivilización moderna que no es capaz de caer en las atrocidades de otras anteriores de las que estamos separados por siglos o incluso milenios. Es un bonito cuento. De hecho la crueldad y las trampas es una constante a lo largo de la historia y lo que viene variando es la modalidad. La realidad nos vence con sus trampas y lo que nos es dado es cambiar de versión de este fenómeno. Para que esta idea sea menos desalentadora del saldo emocional que deja, tal como es expuesta, deberíamos proponernos los unos a los otros ejercicios de confianza y entender de una vez por todas que en la sociedad peligrosa en la que vivimos el peligro no está tanto en las furias desencadenadas que se dan cíclicamente en la calle -y a una cierta dosis diariamente (desde hace años no hay un solo día sin un suceso luctuoso y criminal en una parte u otra)- sino en los mecanismos de poder que las producen, preparan y predeterminan, aunque esa no sea su previsión ni planificación.
La propiedad: uso, disfrute y recuperación. S.Maraselva Reina
Uno de los aspectos controvertidos en la discusión sobre propiedad está en los contenciosos entre caseros e inquilinos con contratos indefinidos y privilegiados. La legislación de arrendamiento urbano (LAU) no ha resuelto el conflicto de intereses a favor de los propietarios, dando lugar a una estela de situaciones paradójicas en las que estos deben querellarse judicialmente para la recuperación de sus viviendas, por motivos de expansión familiar o de necesidades urgentes, que no estaban presentes en el año pretérito de la cesión en régimen de arrendamiento. Como si fueran víctimas de contratos que se convirtieron en alquileres de favor o ultra disminuidos les toca pasar por los malos de la historia, cuando se ven enfrentados a inquilinos de pocos recursos o de edades avanzadas y, encima, solos. El uso de estas imágenes ha sido empleado demagógicamente para hacer prevalecer criterios judiciales injustos en lugar de razonamientos a favor de la propiedad. El acercamiento al debate sobre la propiedad es completamente distinto del lado de quien tiene alguna al del lado de quien no tiene ninguna.
Es perfectamente distinguible el casero individual, que tiene una segunda propiedad, que en un momento pasado no necesitaba y puso en arrendamiento, del inmobiliario que tiene bloques de apartamentos dedicados a tal fin. Sin embargo legislativamente la recuperación de lo arrendado sólo es posible justificando una necesidad más perentoria y prioritaria de vivienda, de la función en uso. Es así como hijos que se emancipan o casan pueden aspirar a aquella propiedad. El dato de la cual en cuanto a sus beneficios inexistentes (puesto q los cobros de los viejos alquileres ni siquiera cubren las contribuciones) no es estimado, siendo marginadas las cuestiones de mercado para la legislación actual.
La ley de arrendamiento urbano no ha resuelto la cuestión y sigue privilegiando a los inquilinos situaciones de oportunismo que se demoran por años y décadas. El tema es litigante y tiene mala prensa cuando el rol del supuesto prepotente que tiene más de una casa exige la devolución de la o las que tiene alquiladas por motivos familiares o personales, cuando los inquilinos ajenos a toda responsabilidad representan el papel de víctimas. De hecho, se trata de una victimidad que usurpa tal honor a la verdadera víctima: la del propietario que queda vinculado de por vida a un pacto pretérito. Se trata de un tema que ignora principios básicos de ética y moral cívica. Se puede dar la paradoja insólita en este país, en que un propietario que no puede disfrutar nunca de una propiedad alquilada indefinidamente a baja cuota de alquiler, termine por pagar más por aquello que no disfruta que el usuario que la disfruta, además de sumar sus quebraderos de cabeza y de colocarse en condición de denunciable si no tiene la vivienda en condiciones.
Es lógico pensar que cualquier objeto prestado a cambio de una contraprestación económica puede ser solicitado por su prestador con las condiciones de preaviso pertinentes cuando el pago económico es prescindido. ¿Por qué razón cuesta tanto entender esto en las cuestiones de propiedades inmobiliarias, cuando incluso es aplicado con contratos de cesión de extensiones geográficas entre países? La respuesta es sencilla. Se introduce el concepto de no-término o no finiquitación de lo pactado. Generalmente las letras pequeñas de los contratos vienen atentando al espíritu e intención de la parte contratante de una transacción dada. Ante semejante evidencia resulta ultrajante hacer cargar a propietarios con inquilinajes fosilizantes y dejando la única posibilidad de disolución de lo contractuado con la defunción de éstos, en el supuesto de que no hagan trampas para pasarlos a otros familiares más jóvenes. Tal positura ¿no activaría los deseos de terminación biográfica de tales inquilinos? O acaso ¿no es una manera proclive a añadir angustia a las relaciones humanas en general y a las partes contratantes en particular?
Puesto que los asuntos palaciegos se caracterizan por su lentitud, la perspectiva de nuevas leyes queda para citas de futuro, a las que no pueden esperar emergencias del presente. Por eso no extraña que los propietarios con urgencia de recuperar sus domicilios alquilados recurran a subterfugios o alternativas paralelas para echar fuera a los antiguos inquilinos, y los juzgados procesen casos de ésta índole de presiones contra inquilinos. Ante esto cabe reflexionar, ¿no es también una clase de presión la del inquilino a perpetuidad, que se vale de una fisura legal para mantenerse indefinidamente en la propiedad, que ocupa, sin ser suya, pero haciendo y deshaciendo lo que le viene en gana? No hay que suponer que haya más ética en este que en aquel, como tampoco que alguien por el hecho de tener un patrimonio con dos propiedades tenga más recursos que alguien que no tiene ninguna. Habría que estudiar y comparar casos concretos para hacer diagnósticos validables.
Resulta obvio para la sociedad del capital que el patrimonio constituya una de las fijaciones más frecuentes. La gente quiere ser propietaria antes de terminar los 25 años. Hacerlo a los 35 es indicador de fracaso. No hacerlo nunca parece que es lo que peor que te puede pasar. De otro lado, hay gente que decididamente no quiere serlo nunca para no ser más vulnerable ante las amenazas del estado. Este amplio campo da muchas categorías distintas. Desde los okupas de inmuebles abandonados a inquilinos oportunistas que se valieron de artimañas y de resquicios en la legislación para apoderarse de pisos a perpetuidad pagando 4 chavos al mes. Parece razonable que los propietarios quieran recuperarlo para otros disfrutes o beneficios. No hay que suponer necesariamente que un inquilino es más pobre que el propietario que le ha alquilado la vivienda. Puede suceder, y de hecho sucede, paradójicamente, que disponga libre y legalmente de recursos, sin tener que pagar los precios de mercado por ellos. Ya lo hace el dueño de la vivienda. Son situaciones en las que el oportunista de un arrendamiento exprime indirectamente a su arrendador. Evidentemente hay situaciones clásicas y absolutamente contrarias en las que hay bandidos, disfrazados de caseros, que llegan a alquilar fragmentos de habitaciones, y hasta sillas para dormir, a precios desorbitados. No se trata de defender a los caseros per se, como tampoco a los inquilinos, sino tratar de entender el conflicto que hay entre ambos y el vacío legislativo que no permite resolverlos.
Recurso judicial y testimonio.
La complejidad social en este sistema trae consigo la producción aumentada de un tipo de conductas despreciables. Entre éstas están las actuaciones criminales. Tener la mala suerte de tropezar con alguien que te ha elegido como su víctima te coloca en un proceso desgastador y frustrante cuando comprendes que los mecanismos de defensa en una sociedad como la nuestra son mínimos. Sí, es cierto que hay literaturas incondicionales que hablan de la sociedad de derecho como si de una panacea se tratara y existe una moral preinscrita que habla de que los culpables serán castigos si no en el reino de la tierra en el del cielo. ¡Paparruchadas.! La víctima que tiene la mala suerte de serlo; por lo general, a su frustración de un agravio suma otra: la de no poder hacer prácticamente nada para recuperar lo que ha perdido. No tiene tantas bazas en su haber. ¿Qué puede hacer tras un atraco, una agresión, una violación,...? apenas nada, tendrá que cargar con su afrenta, integrarla y elaborarla. Pero desde luego podrá notificarlo. Dar parte del suceso. Denunciar el hecho a la autoridad, competente o no, que está prevista para formalizar un documento de oficio y archivarlo.
Las policías de distintas clases son oficinas fundamentalmente archivísticas. Las denuncias registradas son el apoyo estadístico demostrativo de las tendencias delictivas dominantes. Dan cuenta de una casuística. A no ser que haya delitos muy graves, con resultados de muerte, apenas hay investigación. La policia, en contra de la fraseología popular, ni lo sabe todo ni lo puede todo. En todo caso no tiene las funciones preestablecidas para investigarlo todo. Esto está reconocido por el propio gremio y desde los departamentos de Gobernación y orden público se termina por sugerir una mayor inversión en auto vigilancia o un recurso a las compañías privadas de seguridad.
El sujeto agredido, tras vencer incluso una barrera de desconfianza de la policia a la que acude a pedir auxilio, se enfrenta a un proceso incierto. Aquello que le ha sucedido lo tendrá que demostrar. El criminal, en el caso de ser localizado e identificado, podrá utilizar sus propias armas de confusión, como las de hacerse pasar por agredido. Es así que en el colmo de ello, los violadores acudirán a atenuantes como que han sido provocados por las minifaldas y las puntas visibles de bragas de sus víctimas a las que han forzado sexualmente; los atracadores, que lo han sido por fascinantes salones de lujo que se ven como escaparates desde las calles por las que pasaban casualmente y los machacadores o rompe cuellos que lo han sido por sus agredidos por tener la desfachatez de decirles lo que fuera que no les gustara.
En cualquiera de lo casos si la víctima por si misma no puede defenderse y tiene, por balance de ese desenlace con su mala suerte, una gran pérdida, sea de bienes materiales, sea por lesiones físicas o sea una herida psicológica, acudirá a quien pueda defenderla. El recurso primero a la policía y después al sistema judicial es una manera de acudir a una fuerza mayor que él o ella y que no ha podido usar en el momento de ser objeto de ataque. Finalmente, acudir a un agente uniformado o a un funcionario institucional, por mal que lo haga o poco rentable que pueda ser éste, es un acto civilizado y posiblemente más eficaz, dentro de la ineficiencia general del modelo jurídico en el que nos encontramos, que acudir a una piedra, a un cutter, o a un sabotaje en reprimenda.
El sistema judicial es en el fondo un procedimiento laberíntico y tortuoso desde el que ejercer la venganza contra quien ha sido el actor de un agravio que se ha sufrido. Se acude con la intención que el sistema castigue al mal factor en nombre de la víctima ¿Hay escena más vengativa que la de la pequeña aula de comprobación del ejecutado en las cámaras de gas o de inyección letal en los USA con asientos ocupados por los familiares de su víctima, o los estadios ocupados masivamente por público en general en las ejecuciones en China? Eso no es de ahora. La administración del castigo se ha hecho de un modo u otro públicamente para ejemplo colectivo y para disuadir otras conductas similares. De su parte quien acude a su solicitud espera que el sistema haga en su nombre lo que no puede o no quiere hacer personalmente.
Hay un salto histórico de los tiempos en los que los conflictos se resolvían con batallas a muerte o con duelos de honor a los actuales en que la reacción inicialmente violenta de la víctima es reconducida a los recursos judiciales. El sistema judicial ampara a la víctima o esa es la moto que vende. En realidad las cosas no son tan simples y hasta ahora no hay sistema judicial que demuestre que consigue reducir el grado de mortandad por motivos criminales ni la delincuencia en general. La ciencia jurídica, si nos vale esta denominación, queda en grado de tentativa para hacer justicia. Lo que hace, como mucho, es arbitrar y quitar de en medio una temporada o para siempre (en el caso de los países que tienen la pena capital en vigor) a elementos antisociales o conductas criminales y peligrosas para los demás. Puesto que los procedimientos para dictaminar lo que es antisocial de lo que no lo es nunca están del todo limpios, el sistema envía a la cárcel, a la exclusión, al olvido o a la muerte a personas que no se lo merecen sin que la sociedad quede reparada con ello. Por si fuera poco el sistema tiende a criminalizar cualquier comportamiento que disiente de sus valores.
Al saber todo eso suponemos a la vez que el actor de un acto delictivo puede ser antes que nadie la primera víctima, dado que la fatalidad le obliga a robar o a matar para sobrevivir. Pero esa consideración no es una coartada para ella ni un desenlace teórico del tema que nos ocupa. La costumbre de quien acude a la violencia para resolver los conflictos inter-individuales o como manera de ganarse la vida, complica las situaciones y aleja las soluciones además de que es un indicativo de baja cultura y de psiques alteradas incapaces de gestionar su vida de una manera pacífica y respetuosa con los demás.
Hay países más retrasados en que el valor de la vida humana está muy rebajada por una lucha primaria por la supervivencia y otros, económicamente más adelantados, que al recibir avalanchas de formas culturales de aquellos también se enfrentan ahora con la reconfiguración de sus delincuencias habituales reconducidas a escenas más violentas.
Dentro de este cuadro sociológico el desiderátum de la víctima sigue siendo el de hacer defender sus derechos exigiendo las obligaciones a su agresor. Tomarse la ley por su cuenta servía como léxico cinematográfico y en un tiempo en que el marshall era el borracho del pueblo por exigencias del argumento holllywodiense. Hoy nadie destaca como terminator en la vida real y no puede emprenderlas a tiros con los malos. A fuerza de estar embotados como espectadores por escenas justicieras hemos terminado por creer en la existencia de supermanes y de Billys el niño, pero la cosa no va así. Tras una agresión recibida, la vida sigue, tiene que continuar siguiendo. No se puede parar por mucha rabia y odio que haya engendrado. Prácticamente nadie puede dejar sus haceres para ponerse a investigar por su cuenta quien ha atracado su casa o le ha dado una paliza de muerte. Encarga el asunto a esa policía desbordada, tantas veces vilipendiada por su historial de negligencias acumuladas, y confía en que el sistema llegue a un veredicto correcto. Pero eso no siempre sucede así. Sigue siendo una minoría los casos resueltos y dentro de esta minoría la mayor parte lo son por auto delaciones, auto incumplimientos y errores tontos de los delincuentes.
La víctima tiene que demostrar su victimidad y quien la ha atacado tiene que reunir la condición de imputabilidad. Esto llevado a un escenario en que terceros a menudo desmotivados (los evanescentes o somnoscentes fiscales y magistrados) pasan bastante del asunto deja en un estado aun peor a la víctima que no obtiene reparación a los daños ocasionados. El modo en que ésta puede hacer valer sus intereses es apoyando su versión con testigos. Pero los testimonios no son tan sencillos de establecer. De hecho los testimoniajes pueden ser desbaratos o minimizados en su valor de muchas maneras. Todo aquello que infieren pero no ven puede ser impugnado por un abogado sagaz. En última instancia un tercero que ve a un agresor como destroza a su victima y los ve por detrás de sus espaldas respectivas, puede ser puesto en duda si no ha visto estrictamente un arma o unos puños en acción. Por otro lado está la dubitación testimonial y la desmotivación de un testigo en testificar. Los testigos pueden ser amedrentados por los agresores y aquellos dejan a la deriva de su suerte a los agredidos. Para testificar lo mismo que para acudir a un juicio como demandante no hace falta ser crédulo del sistema judicial. Si funcionara el tal sistema habría más justicia de la que hay. Antes bien los dosieres y artículos de la injusticia no paran de crecer, y la propia administración se convierte en un brazo que ayuda a los agravios cuando dictamina a favor de quien no tiene la razón y en contra de la verdad o que suelta a los pocos días aun gravándole con sanciones ligeras.
Acudir al sistema tiene más parecido con la compra de un boleto de la lotería que no el recurso a una tecnología operativa. Pero en la mayoría de situaciones no hay otra opción que la del recurso judicial y la preparación a fondo del guión teatral del juicio. Cada cual tiene que aprenderse su papel y conseguir convencer al público de muestra uno (el/la magistrado). Eso emplaza a la víctima a que exagere en su victimidad, a que prepare sus testigos, a que dé el do de pecho en cada punto del litigio que le toque hacerlo y a demostrar lo que son evidencias pero que para otros siempre les cabe la sospecha de que sean fabulaciones. Técnicamente la víctima necesitará recurrir a un tipo de exageraciones (mentiras) para hacer valer la realidad (las verdades concretas por las que se embarca en todo el proceso de solicitud de protección).
Dada la sociedad individualista en la que habitamos a la víctima no le será fácil obtener testigos a no ser que tenga sólidos lazos con ellos. Nadie arriesga su tiempo y aún menos su tranquilidad para hacer un favor a una tercera persona con la que tiene poco trato o ninguno, aún menos si no le cae bien o no cree que se merezca su testimonio. Mientras el problema sea visto como algo únicamente del campo de otro la disposición solidaria decrece. La conciencia social exige la testificación voluntaria pues eso premia la concordia colectiva y excluye quien la sabotea, pero el temor a los efectos a los que pueda dar lugar su testimonio acobarda a muchos testigos potenciales. Eso lleva a que sean citados por oficio en lugar de esperar a que cumplan empáticamente con su función y que su testimonio no sea predecible ni seguro.
El acto de testificar a favor de una víctima y en contra de su agresor es un acto de solidaridad elemental. No hacerlo por impugnar con razón al sistema judicial en su conjunto por presuponer que en el mejor de los casos es dar motivos de venganza al acusado que sea condenado es lo que alimenta una sociedad de miedo, de despotismos y de ilegalidades. La persona que es elegida por las circunstancias como testimonial ha de considerar que su testificación puede ser decisiva para las reparaciones de quien las merece y que su conducta además de solidaria es ejemplificativa. Nadie puede descartar en esta sociedad de violencias ocupar el rol de la víctima un día u otro y verse en la tesitura de tener que contar con testigos para hacer valer sus derechos. En ultima instancia el no intervenir solidario predetermina kármicamente no recibirla como un boomerang en el futuro cuando uno la necesite. El cargo de testigo debería recordar la idea de Brecht al referir la autoexclusión solidaria de la gente ante otra que era objeto de represión por la que no hacia nada. No ayudar a los demás se traduce por no ayudarse uno a sí mismo.
