Recurso judicial y Testimonio
Recurso judicial y testimonio.
La complejidad social en este sistema trae consigo la producción aumentada de un tipo de conductas despreciables. Entre éstas están las actuaciones criminales. Tener la mala suerte de tropezar con alguien que te ha elegido como su víctima te coloca en un proceso desgastador y frustrante cuando comprendes que los mecanismos de defensa en una sociedad como la nuestra son mínimos. Sí, es cierto que hay literaturas incondicionales que hablan de la sociedad de derecho como si de una panacea se tratara y existe una moral preinscrita que habla de que los culpables serán castigos si no en el reino de la tierra en el del cielo. ¡Paparruchadas.! La víctima que tiene la mala suerte de serlo; por lo general, a su frustración de un agravio suma otra: la de no poder hacer prácticamente nada para recuperar lo que ha perdido. No tiene tantas bazas en su haber. ¿Qué puede hacer tras un atraco, una agresión, una violación,...? apenas nada, tendrá que cargar con su afrenta, integrarla y elaborarla. Pero desde luego podrá notificarlo. Dar parte del suceso. Denunciar el hecho a la autoridad, competente o no, que está prevista para formalizar un documento de oficio y archivarlo.
Las policías de distintas clases son oficinas fundamentalmente archivísticas. Las denuncias registradas son el apoyo estadístico demostrativo de las tendencias delictivas dominantes. Dan cuenta de una casuística. A no ser que haya delitos muy graves, con resultados de muerte, apenas hay investigación. La policia, en contra de la fraseología popular, ni lo sabe todo ni lo puede todo. En todo caso no tiene las funciones preestablecidas para investigarlo todo. Esto está reconocido por el propio gremio y desde los departamentos de Gobernación y orden público se termina por sugerir una mayor inversión en auto vigilancia o un recurso a las compañías privadas de seguridad.
El sujeto agredido, tras vencer incluso una barrera de desconfianza de la policia a la que acude a pedir auxilio, se enfrenta a un proceso incierto. Aquello que le ha sucedido lo tendrá que demostrar. El criminal, en el caso de ser localizado e identificado, podrá utilizar sus propias armas de confusión, como las de hacerse pasar por agredido. Es así que en el colmo de ello, los violadores acudirán a atenuantes como que han sido provocados por las minifaldas y las puntas visibles de bragas de sus víctimas a las que han forzado sexualmente; los atracadores, que lo han sido por fascinantes salones de lujo que se ven como escaparates desde las calles por las que pasaban casualmente y los machacadores o rompe cuellos que lo han sido por sus agredidos por tener la desfachatez de decirles lo que fuera que no les gustara.
En cualquiera de lo casos si la víctima por si misma no puede defenderse y tiene, por balance de ese desenlace con su mala suerte, una gran pérdida, sea de bienes materiales, sea por lesiones físicas o sea una herida psicológica, acudirá a quien pueda defenderla. El recurso primero a la policía y después al sistema judicial es una manera de acudir a una fuerza mayor que él o ella y que no ha podido usar en el momento de ser objeto de ataque. Finalmente, acudir a un agente uniformado o a un funcionario institucional, por mal que lo haga o poco rentable que pueda ser éste, es un acto civilizado y posiblemente más eficaz, dentro de la ineficiencia general del modelo jurídico en el que nos encontramos, que acudir a una piedra, a un cutter, o a un sabotaje en reprimenda.
El sistema judicial es en el fondo un procedimiento laberíntico y tortuoso desde el que ejercer la venganza contra quien ha sido el actor de un agravio que se ha sufrido. Se acude con la intención que el sistema castigue al mal factor en nombre de la víctima ¿Hay escena más vengativa que la de la pequeña aula de comprobación del ejecutado en las cámaras de gas o de inyección letal en los USA con asientos ocupados por los familiares de su víctima, o los estadios ocupados masivamente por público en general en las ejecuciones en China? Eso no es de ahora. La administración del castigo se ha hecho de un modo u otro públicamente para ejemplo colectivo y para disuadir otras conductas similares. De su parte quien acude a su solicitud espera que el sistema haga en su nombre lo que no puede o no quiere hacer personalmente.
Hay un salto histórico de los tiempos en los que los conflictos se resolvían con batallas a muerte o con duelos de honor a los actuales en que la reacción inicialmente violenta de la víctima es reconducida a los recursos judiciales. El sistema judicial ampara a la víctima o esa es la moto que vende. En realidad las cosas no son tan simples y hasta ahora no hay sistema judicial que demuestre que consigue reducir el grado de mortandad por motivos criminales ni la delincuencia en general. La ciencia jurídica, si nos vale esta denominación, queda en grado de tentativa para hacer justicia. Lo que hace, como mucho, es arbitrar y quitar de en medio una temporada o para siempre (en el caso de los países que tienen la pena capital en vigor) a elementos antisociales o conductas criminales y peligrosas para los demás. Puesto que los procedimientos para dictaminar lo que es antisocial de lo que no lo es nunca están del todo limpios, el sistema envía a la cárcel, a la exclusión, al olvido o a la muerte a personas que no se lo merecen sin que la sociedad quede reparada con ello. Por si fuera poco el sistema tiende a criminalizar cualquier comportamiento que disiente de sus valores.
Al saber todo eso suponemos a la vez que el actor de un acto delictivo puede ser antes que nadie la primera víctima, dado que la fatalidad le obliga a robar o a matar para sobrevivir. Pero esa consideración no es una coartada para ella ni un desenlace teórico del tema que nos ocupa. La costumbre de quien acude a la violencia para resolver los conflictos inter-individuales o como manera de ganarse la vida, complica las situaciones y aleja las soluciones además de que es un indicativo de baja cultura y de psiques alteradas incapaces de gestionar su vida de una manera pacífica y respetuosa con los demás.
Hay países más retrasados en que el valor de la vida humana está muy rebajada por una lucha primaria por la supervivencia y otros, económicamente más adelantados, que al recibir avalanchas de formas culturales de aquellos también se enfrentan ahora con la reconfiguración de sus delincuencias habituales reconducidas a escenas más violentas.
Dentro de este cuadro sociológico el desiderátum de la víctima sigue siendo el de hacer defender sus derechos exigiendo las obligaciones a su agresor. Tomarse la ley por su cuenta servía como léxico cinematográfico y en un tiempo en que el marshall era el borracho del pueblo por exigencias del argumento holllywodiense. Hoy nadie destaca como terminator en la vida real y no puede emprenderlas a tiros con los malos. A fuerza de estar embotados como espectadores por escenas justicieras hemos terminado por creer en la existencia de supermanes y de Billys el niño, pero la cosa no va así. Tras una agresión recibida, la vida sigue, tiene que continuar siguiendo. No se puede parar por mucha rabia y odio que haya engendrado. Prácticamente nadie puede dejar sus haceres para ponerse a investigar por su cuenta quien ha atracado su casa o le ha dado una paliza de muerte. Encarga el asunto a esa policía desbordada, tantas veces vilipendiada por su historial de negligencias acumuladas, y confía en que el sistema llegue a un veredicto correcto. Pero eso no siempre sucede así. Sigue siendo una minoría los casos resueltos y dentro de esta minoría la mayor parte lo son por auto delaciones, auto incumplimientos y errores tontos de los delincuentes.
La víctima tiene que demostrar su victimidad y quien la ha atacado tiene que reunir la condición de imputabilidad. Esto llevado a un escenario en que terceros a menudo desmotivados (los evanescentes o somnoscentes fiscales y magistrados) pasan bastante del asunto deja en un estado aun peor a la víctima que no obtiene reparación a los daños ocasionados. El modo en que ésta puede hacer valer sus intereses es apoyando su versión con testigos. Pero los testimonios no son tan sencillos de establecer. De hecho los testimoniajes pueden ser desbaratos o minimizados en su valor de muchas maneras. Todo aquello que infieren pero no ven puede ser impugnado por un abogado sagaz. En última instancia un tercero que ve a un agresor como destroza a su victima y los ve por detrás de sus espaldas respectivas, puede ser puesto en duda si no ha visto estrictamente un arma o unos puños en acción. Por otro lado está la dubitación testimonial y la desmotivación de un testigo en testificar. Los testigos pueden ser amedrentados por los agresores y aquellos dejan a la deriva de su suerte a los agredidos. Para testificar lo mismo que para acudir a un juicio como demandante no hace falta ser crédulo del sistema judicial. Si funcionara el tal sistema habría más justicia de la que hay. Antes bien los dosieres y artículos de la injusticia no paran de crecer, y la propia administración se convierte en un brazo que ayuda a los agravios cuando dictamina a favor de quien no tiene la razón y en contra de la verdad o que suelta a los pocos días aun gravándole con sanciones ligeras.
Acudir al sistema tiene más parecido con la compra de un boleto de la lotería que no el recurso a una tecnología operativa. Pero en la mayoría de situaciones no hay otra opción que la del recurso judicial y la preparación a fondo del guión teatral del juicio. Cada cual tiene que aprenderse su papel y conseguir convencer al público de muestra uno (el/la magistrado). Eso emplaza a la víctima a que exagere en su victimidad, a que prepare sus testigos, a que dé el do de pecho en cada punto del litigio que le toque hacerlo y a demostrar lo que son evidencias pero que para otros siempre les cabe la sospecha de que sean fabulaciones. Técnicamente la víctima necesitará recurrir a un tipo de exageraciones (mentiras) para hacer valer la realidad (las verdades concretas por las que se embarca en todo el proceso de solicitud de protección).
Dada la sociedad individualista en la que habitamos a la víctima no le será fácil obtener testigos a no ser que tenga sólidos lazos con ellos. Nadie arriesga su tiempo y aún menos su tranquilidad para hacer un favor a una tercera persona con la que tiene poco trato o ninguno, aún menos si no le cae bien o no cree que se merezca su testimonio. Mientras el problema sea visto como algo únicamente del campo de otro la disposición solidaria decrece. La conciencia social exige la testificación voluntaria pues eso premia la concordia colectiva y excluye quien la sabotea, pero el temor a los efectos a los que pueda dar lugar su testimonio acobarda a muchos testigos potenciales. Eso lleva a que sean citados por oficio en lugar de esperar a que cumplan empáticamente con su función y que su testimonio no sea predecible ni seguro.
El acto de testificar a favor de una víctima y en contra de su agresor es un acto de solidaridad elemental. No hacerlo por impugnar con razón al sistema judicial en su conjunto por presuponer que en el mejor de los casos es dar motivos de venganza al acusado que sea condenado es lo que alimenta una sociedad de miedo, de despotismos y de ilegalidades. La persona que es elegida por las circunstancias como testimonial ha de considerar que su testificación puede ser decisiva para las reparaciones de quien las merece y que su conducta además de solidaria es ejemplificativa. Nadie puede descartar en esta sociedad de violencias ocupar el rol de la víctima un día u otro y verse en la tesitura de tener que contar con testigos para hacer valer sus derechos. En ultima instancia el no intervenir solidario predetermina kármicamente no recibirla como un boomerang en el futuro cuando uno la necesite. El cargo de testigo debería recordar la idea de Brecht al referir la autoexclusión solidaria de la gente ante otra que era objeto de represión por la que no hacia nada. No ayudar a los demás se traduce por no ayudarse uno a sí mismo.
